Uruguay es uno de los países de la región con mayor superficie asegurada en el sector agropecuario, con más del 70% del área cubierta por algún tipo de seguro. Sin embargo, la pregunta que resuena con fuerza en los últimos años es: ¿debería ser obligatorio contratar un seguro agropecuario?
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha puesto sobre la mesa esta discusión, impulsado por la creciente frecuencia e intensidad de los eventos climáticos que afectan la producción. En este artículo analizamos el estado actual de la normativa, el debate en curso y las herramientas disponibles para los productores.
Marco normativo: ¿existe obligación legal?
La respuesta corta es no. Actualmente en Uruguay no existe una norma específica que regule el contrato de seguro en general, ni del seguro agrícola en particular. La actividad aseguradora se rige por el Código de Comercio establecido por Ley de 1861, que en su Título IX define las condiciones para el comercio de seguros.
El contralor de la actividad aseguradora lo ejerce la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (SSF-BCU), que vela por la solvencia y el cumplimiento de las obligaciones de las aseguradoras.
En el mercado operan actualmente 5 empresas que ofrecen seguros agropecuarios:
Banco de Seguros del Estado (BSE)
Cooperativa de Seguros Surco (SURCO)
MAPFRE Uruguay Seguros S.A.
SANCOR Seguros S.A.
Seguros SURA S.A.
El debate sobre la obligatoriedad
La discusión sobre un seguro agropecuario obligatorio ha cobrado fuerza tras eventos climáticos extremos que han dejado cientos de productores afectados. El dato que encendió las alarmas: de 300 productores afectados por los recientes temporales en Salto, apenas entre 80 y 90 contaban con un seguro contratado.
La propuesta del MGAP
El ministro Alfredo Fratti ha sido claro: “Así como nadie puede circular sin el SOA, nadie debería producir sin un seguro básico”. La propuesta busca instalar un seguro mínimo obligatorio inspirado en el Seguro Obligatorio de Conductores (SOA) de los automotores.
No se trata de un seguro obligatorio en sentido estricto, sino de “una cobertura mínima que permita a los productores recuperarse de los daños y continuar con su actividad”. El objetivo es doble:
Proteger al productor: evitar que un fenómeno climático arrase con su economía
Aliviar al Estado: reducir la dependencia de fondos de emergencia cada vez que ocurre un desastre
Postura del subsecretario
El subsecretario Matías Carámbula ha profundizado en la idea, proponiendo “una especie de seguro universal” para productores hortícolas y frutícolas, que abarcaría cultivos como tomate, morrón, hojas, calabacín, zanahoria, durazno, manzana, ciruela y pera.
Carámbula reconoció que incluso con subsidios de hasta el 70% del costo, “una parte importante de los productores no contrata seguros”, lo que evidencia que “hay algo que no está funcionando bien”.
Reacciones del sector
La idea genera debate. Algunos gremiales reconocen que la falta de seguros expone al sector a pérdidas irreversibles, pero advierten que la obligatoriedad “puede sentirse como una carga más en un contexto de costos crecientes”. Desde la Federación Rural han cuestionado los dichos del ministro, señalando que los seguros son caros.
Subsidios y apoyos estatales
Aunque la obligatoriedad no es una realidad, el Estado ya cuenta con herramientas para fomentar la contratación de seguros:
Convenio MGAP-BSE
Desde el año 2002, el MGAP y el BSE mantienen convenios para el otorgamiento de subsidios a la prima de seguros para el sector granjero. Esta política es ejecutada por la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) con apoyo técnico de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA).
Los objetivos de esta política son:
Promover la contratación de seguros en un sector de alta exposición climática
Incrementar la penetración del seguro respecto al área sembrada
Proteger las inversiones y potenciar la incorporación de tecnología
Aumentar la resiliencia ante eventos climáticos adversos
Limitar los apoyos públicos a eventos catastróficos, transfiriendo el resto de los riesgos al mercado
Beneficios fiscales
La Ley Nº 19.686 establece beneficios para quienes contratan seguros agrícolas de índice para déficit hídrico. Los productores pueden acceder a un crédito equivalente al 12% de los gastos en contratación de seguros para cultivos agrícolas.
Además, la Ley Nº 17.123 (junio 1999) establece la exoneración del IVA a los seguros y reaseguros que cubran riesgos de incendio y climáticos en el agro.
El seguro como herramienta de gestión
Más allá de la discusión sobre obligatoriedad, el seguro agropecuario es una herramienta clave para la gestión de riesgos:
Estabiliza el ingreso de las explotaciones
Mejora la solvencia del productor
Reduce cargas financieras al Estado
Permite transferir el riesgo del productor al mercado asegurador
Un buen sistema de seguros “puede constituir un factor relevante en la promoción del desarrollo agropecuario” y ser “un elemento articulador de las políticas públicas hacia el sector”.
La verdad hoy
Uruguay se encuentra en un momento clave para la definición de su política de seguros agropecuarios. Si bien hoy no existe una obligación legal de contratar un seguro, el debate está abierto y el gobierno ha señalado claramente su intención de avanzar hacia una cobertura universal.
El desafío es equilibrar la protección del productor con la viabilidad económica del sector, en un contexto de cambio climático que exige respuestas cada vez más urgentes.